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¿Fraude en dictadura? Alega falsificación testamentaria de predios que Joaquín Suárez "vendió" al tío abuelo de su padre
El "heredero" de Plaza Cagancha reclama 50 millones de dólares
La supuesta falsificación, en 1974, de un testamento daría a un hombre derechos sucesorios sobre la Plaza Cagancha, el Ateneo de Montevideo, el Automóvil Club del Uruguay y decenas de cuadras con una vista única y envidiable hacia el Cerro y la bahía del puerto de Montevideo.
Un uruguayo de 62 años, con residencia legal en territorio argentino, reclama parte de una multimillonaria herencia familiar que se remontaría al año 1845, cuando el gobierno colorado de Joaquín Suárez aceptó vender la Plaza Cagancha a Antonio Montero Iglesias para resistir el asedio de Juan Manuel de Rosas y Emilio Oribe.
Las barracas, casas y demás propiedades que Montero Iglesias había comprado a su amigo y socio Samuel Fisher Lafone ya estaban ocupadas por tropas militares y chacareros vecinos a la ciudad amurallada, que buscaron refugio donde estaba el llamado "mercado de frutos", a pleno aire libre.
El prestamista obtuvo del gobierno un interés por los carros que llegarían hasta la plaza, que seguiría siendo pública.
El "heredero" alega que su antepasado fue leal en las invasiones inglesas, en el ataque a la ciudad de Paysandú, en la Defensa de la Ciudadela, y que su dinero y bienes abatieron la hambruna de la ciudad sitiada y acogieron en Plaza Cagancha a quienes escapaban del "toque a degüello" de la época, "lo que me convierte en el dueño absoluto de dicha plaza o tierra entregada por Joaquín Suárez", según dice.
Antonio Carlos Alberto Uhagón de Souza, un sobrino tercero de Montero Iglesias, entregó a LA REPUBLICA transcripciones de actas notariales y registros judiciales para fundamentar su reclamo sucesorio.
El fraude del testamento nunca se probó. Pero Uhagón anhela ser resarcido e indemnizado por unos 50 millones de dólares.
El testamento, firmado en 1974 pero ejecutoriado en 1981, nunca fue impugnado por sobrinos directos del fallecido ni por ningún otro familiar. Los 50 millones de dólares equivaldrían a los 16 mil pesos en plata que Montero Iglesias entregara al gobierno por la adquisición de la plaza con el mercado que abastecía a la ciudad.
La prueba del delito
El reclamante Uhagón de Souza recurrió sin resultado ante Justicia Civil. El 13 de agosto de 2001 se presentó ante el Juzgado Departamental de Paz de 2º Turno. Su abogado no se presentó a la audiencia de conciliación que se fijó para el 19 de noviembre con los abogados del Automóvil Club del Uruguay. Hubo una segunda audiencia el 19 de diciembre, pero no hubo acuerdo entre las dos partes en litigio.
El testamento que habría sido fraguado, según afirma Uhagón de Souza, habría sido firmado por su tío, Eduardo Iglesias Montero, el 14 de mayo de 1974. Uhagón aduce que su tío ya contaba con 76 años y que padecía ceguera por glaucoma, además mal de Parkinson. También estaba bajo "tratamiento con psicofármacos".
Uhagón argumentó que su tío dejó un "testamento ológrafo", del tipo de voluntad testamentaria que el propietario deja escrito y firmado en documento para ser protocolizado con posterioridad. El documento como tal estuvo en un cofre de seguridad hasta que su tío falleció, soltero y sin hijos el 15 de agosto de 1981.
"El testamento ológrafo", acusó el sobrino tercero, "no pertenece al puño y letra de don Eduardo Antonio Iglesias Montero, sino que aparece escrito a su ruego de la mano del doctor Guillermo Federico Costa, y entregado al escribano Pedro W. Cersósimo". La raíz del litigio estriba en que el testamento declara como heredero "único y universal" de todos los bienes al Automóvil Club del Uruguay (ACU).
El reclamante desheredado asegura haber recurrido a una pericia caligráfica y que el texto del testamento indica, a su entender, "graves irregularidades" con palabras sobrescritas con diferente grafía, impresas sobre espacios en blanco, y en algunas líneas, en tiempos posteriores al documento cuestionado por Uhagón de Souza.
Uhagón de Souza tramitó inclusive el pedido de una investigación parlamentaria.
El resarcimiento
El gobierno colorado de Joaquín Suárez recibió de Antonio Montero Iglesias 16 mil pesos en plata. Un documento firmado por el presidente Suárez y por su ministro de Hacienda José de Béjar indica que la esposa del acaudalado inversor, Matilde Raña de Montero, tramitó la escritura de venta de la plaza y que luego abonó ocho mil pesos al inicio, cuatro mil casi de inmediato, y otros cuatro mil tras la escritura. Parte del pago eran créditos del Estado que Montero Iglesias tenía a su favor por concepto de alquiler (y sus respectivos intereses) de sus propiedades linderas a la Plaza Cagancha, donde se acuartelaban tropas que resistían a rosistas y oribistas, lugar adonde acudían chacareros y quinteros que pretendían evadir la guerra civil.
